Las empresas que patentan semillas alegan que es necesario para proteger el rendimiento de sus inversiones, financiar nuevas investigaciones y crear seguridad alimentaria. Esta premisa está muy lejos de la verdad. La ley de propiedad intelectual se está convirtiendo en un arma en beneficio de las multinacionales. Las patentes de semillas están provocando la quiebra de pequeñas explotaciones, amenazando la seguridad alimentaria mundial y obstaculizando la investigación independiente sobre las mutaciones genéticas de las plantas.
Yegor Shestunov
22 de agosto de 2023
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Mark Twain escribió una vez «un país sin una oficina de patentes y buenas leyes de patentes es sólo un cangrejo y no puede viajar más que de lado y hacia atrás».
Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención. También excluye a otros de su uso. Las patentes son la piedra angular para que los inventores capitalicen su invención. Impulsan la innovación. Podría decirse que si no fuera por las patentes, las empresas multinacionales no invertirían miles de millones en I+D con la esperanza de obtener un alto rendimiento de la inversión.
Desde hace varios años ha surgido una alarmante tendencia a patentar semillas de plantas. Esta práctica se ha extendido tanto, es tan agresiva y exhaustiva entre las empresas agroquímicas que se ha calificado de biopiratería. Empresas como Monsanto recurren con frecuencia a los tribunales para defender sus patentes de semillas. Desde mediados de la década de 2000, agricultores locales de todo el mundo han sido demandados por daños y perjuicios debido a la infracción de patentes.
Mientras que la protección de las patentes de semillas beneficia a las empresas y alimenta la investigación. Estas leyes y normativas también conducen a la apropiación cultural, rompen el equilibrio de los métodos agrícolas tradicionales y las economías locales. Esto, a su vez, provoca la pérdida de conocimientos tradicionales relacionados con el cultivo de plantas que se han transmitido en determinadas comunidades agrícolas a lo largo de generaciones. Hoy en día, los agricultores deben temer ser demandados por infracción de los derechos de propiedad intelectual al plantar una semilla.
Esto plantea la cuestión de si tales patentes deberían permitirse en general. Y en caso afirmativo, ¿deberían tratarse exactamente igual que una patente sobre otras invenciones? ¿Es ético poner en peligro la seguridad alimentaria para obtener beneficios?
Tradicionalmente, las patentes se concedían para invenciones técnicas. Estas patentes se conocen como patentes de utilidad o de diseño. La oficina de patentes y marcas de EE.UU. añadió un tercer tipo, la patente vegetal, que otorga al inventor «derechos adicionales sobre las «partes» de las plantas (por ejemplo, una patente vegetal sobre una variedad de manzana incluiría derechos sobre las manzanas de la variedad vegetal)». En 1995, la normativa estadounidense sobre patentes de plantas, que limitaba la distribución de semillas híbridas patentadas, se convirtió en ley internacional con el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). En la actualidad, los agricultores están obligados a pagar derechos por las «semillas modificadas genéticamente».
Algunos de los mayores actores de este negocio son el gigante agroquímico estadounidense Monsanto, la corporación Syngenta con sede en Suiza y el conglomerado francés Limagrain, que es la cuarta empresa mundial de semillas que acumula patentes de plantas. BAYER y Corteva (antes Pioneer Dupont) controlan más del 40% del mercado mundial de semillas. Poseen amplias carteras de patentes sobre técnicas de organismos modificados genéticamente, a menudo denominadas edición genómica. Estas corporaciones biotecnológicas están pasando ahora a patentar la mutación genética de una planta que puede producirse tras una modificación genética natural, alegando que las plantas autoevolucionadas con esos rasgos genéticos son sus «inventos» y, por tanto, su propiedad intelectual.
Según la ecologista Judith Düesberg, de Gen-etisches Netzwerk e.V., «los recursos que solían estar a disposición de la humanidad como comunidad se han visto ahora confinados a la privatización». Desde hace muchos años, empresas transnacionales como BASF, Syngenta, Corteva y Bayer registran patentes sobre rasgos vegetales especiales. Las patentes se aplican principalmente a plantas que poseen secuencias genéticas individuales, como la resistencia a enfermedades poco comunes. Las empresas que modifican genéticamente las semillas, como Monsanto, patentan sus semillas. Monsanto argumenta que la defensa de las leyes de patentes es necesaria para garantizar la financiación de nuevas invenciones.
Los derechos de patente que originalmente se crearon para proteger inventos como teléfonos y radios se aplican a la materia viva (Bram de Jonge, de Oxfam Países Bajos). Según de Jonge, el creciente número de patentes de plantas amenaza los derechos de los agricultores, tal y como los definen las Naciones Unidas. También son una cuestión de seguridad alimentaria mundial, ya que las grandes empresas deciden ahora el futuro de la agricultura y la alimentación. Si la propiedad de estas patentes se concentra en manos de unas pocas empresas, podría conducir a una falta de diversidad genética, ya que sólo se dispondrá de unas pocas semillas para maximizar la rentabilidad de los cultivos alimentarios mundiales. Esto, a su vez, hará que estas semillas sean más vulnerables a plagas, enfermedades y cambios en el clima.
Existen esfuerzos internacionales para combatir la biopiratería, como el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios (ABS) de 2010. El Protocolo fue un acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992 y ha sido ratificado por 136 Estados miembros de la ONU y la Unión Europea. Aunque supone un importante paso adelante, su eficacia depende de lo bien que se aplique. Ni Estados Unidos ni Canadá han firmado el Protocolo. Además, las trabas burocráticas podrían perjudicar el seguimiento y la conservación de la biodiversidad. Algunas de las partes del Protocolo también están luchando por aprobar una legislación nacional eficaz para hacer cumplir las disposiciones del Protocolo. Si el índice de nuevas patentes de semillas es una medida del éxito, el Protocolo de Nagoya ha fracasado, ya que la biopiratería continúa a una velocidad y escala sin precedentes.
Las patentes de semillas impiden a los investigadores independientes desarrollar nuevas plantas híbridas que podrían ser más resistentes a los efectos del cambio climático. El resultado es la creación de monopolios sobre los derechos de las semillas en manos de unas pocas multinacionales agroquímicas. Esto, a su vez, está poniendo en peligro la seguridad alimentaria. Si esta práctica continúa, los alimentos serán aún más caros y muchos agricultores se verán abocados a la quiebra.
