Implicaciones del aplastante rechazo chileno a la nueva Constitución

El referéndum chileno de septiembre de 2022 sobre una nueva Constitución fue un desastre para el Presidente Gabriel Boric y el naciente movimiento de izquierdas que pretendía poner fin a la Constitución de Pinochet. Mientras que el referéndum original sobre si la constitución debía ser sustituida obtuvo un rotundo 78% de aprobación, el contenido de la constitución, redactada por una Convención Constitucional elegida, fue rechazado por un abrumador 62% de los votantes. La coalición de izquierdas está en crisis.

Rael Almonte Reyes, 15 November 2022

El referéndum sobre la sustitución de la Constitución es la culminación de un proyecto de 30 años que comenzó cuando se aprobó la Constitución de la era de Pinochet en 1990. La constitución calcificó las políticas económicas del régimen de Pinochet, dejando al país con un régimen económico neoliberal semipermanente. La constitución de 1990 permitió a un pequeño segmento de la población masificar la riqueza al tiempo que obstaculizaba cualquier esfuerzo de redistribución. Hoy Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE, con una brecha de ingresos del 65% y alrededor del 1% de la población ganando el 33% de la riqueza del país según un informe de la ONU de 2017.

Las tensiones por la desigualdad, unidas a una caída generalizada de la calidad de vida, estallaron en 2019, cuando el presidente derechista Sebastián Piñera anunció un plan para subir el precio del transporte público. Aunque el Gobierno se acobardó poco después de que comenzaran las protestas, desechando la propuesta de subida del metro y barajando el gabinete, la reacción de mano dura a las manifestaciones, junto con la declaración del estado de excepción, avivó las tensiones y desvió la atención hacia el cambio constitucional. A finales de noviembre de 2019, el Congreso Nacional firmó un acuerdo por el que se convocaba un referéndum nacional sobre la conveniencia de reescribir la Constitución, y así nació una revolución política de tres años.

La fecha del referéndum se fijó para octubre de 2020, y desde el momento en que se aprobó el acuerdo, comenzaron a formarse tres coaliciones. La derecha formó Chile Vamos, una alianza de fuerzas de derecha que pretendía bloquear cualquier cambio respecto a la Constitución de Pinochet. El centro-izquierda, junto con algunos aliados de centro-derecha, formó Lista Apruebo con el objetivo de que el cambio de la Constitución fuera menos radical y marginal. En la izquierda, se formó una coalición muy amplia conocida como Apruebo Dignidad, formada por antiguas y nuevas fuerzas de la izquierda chilena junto con una coalición informal de candidatos independientes de izquierdas antisistema que acabarían formando Lista del Pueblo, ambos con el objetivo de cambiar radicalmente la Constitución. Los resultados del referéndum fueron claros: el 78% de los chilenos aprobó la redacción de una nueva constitución y el 79% pidió una Convención Constitucional independiente. Aparentemente, Chile votó a favor del fin de la era Pinochet.

Las elecciones para elegir a 155 delegados a la Convención Constitucional se fijaron para mayo de 2020. Los resultados fueron un claro mandato para cambiar la Constitución. Apruebo Dignidad y Lista del Pueblo, junto con Lista Apruebo y una lista de «independientes no neutrales» que estaban a favor del cambio, obtuvieron alrededor del 60% de los votos. Parecía que todo iba por buen camino para reescribir la Constitución chilena. Apruebo Dignidad, como coalición con más delegados en el ala favorable al cambio, inició inmediatamente el proceso de redacción de una constitución progresista.

El cambio constitucional se convirtió en un tema central de las elecciones presidenciales de 2021. El ala izquierda se unió en torno a una figura clave del movimiento de protesta de 2019 y feroz defensor del cambio constitucional, Gabriel Boric, que obtuvo el 55% de los votos.

Aprovechando la elección de Gabriel Boric a la presidencia y la mayoría a favor del cambio en la Convención Constitucional, Apruebo Dignidad y sus aliados en la Convención redactaron una constitución rotundamente progresista. La constitución incluía derechos universales a la sanidad, la vivienda y la educación; derechos laborales, como el derecho de sindicación, negociación y huelga; el derecho al agua, que convertía el sistema de agua potable, actualmente privado, en un bien público; y definía a Chile como un Estado plurinacional, similar al vecino Bolivia, que concedía autonomía regional a los grupos indígenas. En el seno de la coalición de izquierdas, los delegados se negaron a añadir un texto que nacionalizara la industria del cobre, una de las principales exportaciones y fuente de riqueza del país.

Como era de esperar, la nueva constitución recibió duras críticas de la derecha. Una campaña mediática bien monopolizada invirtió millones de dólares en todo tipo de actividades, desde ataques generales que avivaban las tensiones raciales contra los pueblos indígenas y los emigrantes venezolanos hasta difamaciones personales contra los líderes de la campaña «aprista». Además de esta esperada oposición a la nueva constitución, el centro-izquierda, liderado por el Partido Socialista, irónicamente los «herederos» de Salvador Allende, dirigió una campaña ambigua, con muy poca sustancia en sus críticas, contra la constitución. Sin embargo, el impulso parecía estar del lado de la aprobación de la constitución. En lugar de ello, la constitución progresista fue decididamente rechazada, con un abrumador 61% de los votos a favor del «rechazo».

Inmediatamente después del referéndum, Boric remodeló su gabinete. La remodelación parece indicar la probabilidad de que el centro-izquierda, liderado por el Partido Socialista, desempeñe un papel más significativo en la redacción de la segunda Constitución que se someterá a votación. Se anunciaron seis nuevos ministros, entre los que destacan Carolina Toha como nueva ministra del Interior y Ana Lya Uriarte como nueva secretaria general de la Presidencia, ambas ministras de alto nivel en el gobierno de Michelle Bachelet, la última presidenta del Partido Socialista. El Partido Comunista de Chile, miembro destacado de la coalición Apruebo Dignidad, sigue ocupando ministerios clave, lo que indica que es probable que una nueva Constitución sea el resultado de un difícil proceso de negociación entre la centroizquierda y la izquierda tradicional.

Queda por ver si esta nueva constitución será suficiente para aplacar a los votantes chilenos. La flexibilidad del Presidente Boric y la voluntad del centro-izquierda de unirse al gobierno indican que es probable que se redacte una nueva constitución. Queda por ver si al final la constitución es realmente progresista o sólo difiere marginalmente de la de Pinochet. Sea cual sea el resultado, la derecha será hostil al cambio. Pero con este reciente impulso, la derecha ha ganado actualmente influencia y apoyo. Los partidarios de Boric insisten en que la revolución política sobrevivirá a este importante revés, pero el rechazo aplastante de la nueva Constitución ha dejado a su gobierno de coalición de izquierdas sin respuestas.