El embargo de Estados Unidos contra Cuba, iniciado en respuesta a la nacionalización de propiedades estadounidenses tras la revolución de Fidel Castro, ha sido un contencioso internacional durante más de seis décadas. El mantenimiento del embargo refleja no sólo las complejas relaciones históricas entre Estados Unidos y Cuba, sino también las actuales tensiones y alianzas geopolíticas. La acusación contra el senador demócrata Bob Menéndez podría influir en la política estadounidense hacia Cuba.
Yegor Shestunov, 16 de enero de 2024
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El programa de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, impuesto tras la revolución castrista de 1959 y formalizado en 1963 con el Reglamento de Control de Activos Cubanos, es el más antiguo que existe. Iniciado por la Orden Ejecutiva 3447 del Presidente John F. Kennedy en 1962, el embargo pretendía aislar a Cuba por su alineamiento con potencias comunistas. La continuación de las sanciones se ha justificado a lo largo de los años alegando violaciones de los derechos humanos por parte de La Habana y su apoyo al venezolano Nicolás Maduro, a pesar de la firme postura de Cuba en estas cuestiones.
Desde 1992, Cuba ha presentado anualmente una moción en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) condenando las sanciones. El apoyo constante a esta moción por parte de la mayoría de los Estados miembros de la ONU, excepto Estados Unidos, Israel (con una excepción en 2016) y recientemente Ucrania, refleja la desaprobación del embargo por parte de la comunidad internacional. El veto estadounidense, sin embargo, se mantiene firme.
La resolución de este año, titulada «La necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», subraya la preocupación de la AGNU por los continuos efectos adversos del bloqueo tanto para los ciudadanos cubanos como para los expatriados. Sin embargo, a pesar de breves relajaciones bajo la presidencia de Barack Obama, el embargo se ha intensificado desde 2017.
La AGNU aprobó una resolución no vinculante todos los años desde 1992, excepto en 2020 (debido a ausencias por la pandemia COVID-19), condenando el impacto continuo del embargo y declarándolo una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. En respuesta, por 31º año consecutivo, Estados Unidos ha vetado sistemáticamente la resolución de la AGNU que pedía el fin del embargo económico, comercial y financiero contra Cuba. Esta postura estadounidense, reflejo de una política que se remonta a las secuelas de la revolución cubana de 1959, se produce a pesar del abrumador apoyo mundial al levantamiento de las sanciones.
La última votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de noviembre de 2023, mostró claramente el sentimiento mundial sobre la cuestión: 187 a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y 1 abstención (Ucrania). El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó el embargo como un acto de guerra económica que viola las normas del comercio internacional y obstaculiza el desarrollo de Cuba. Subrayó el carácter inhumano del embargo, especialmente durante crisis como la pandemia de COVID-19. Otros Estados, como Gabón, Chile y Perú, también se opusieron abiertamente al embargo. Destacaron que el embargo constituye una violación del derecho internacional y subrayaron su impacto perjudicial sobre la salud pública, la cultura, los resultados económicos y el bienestar general de Cuba.
En defensa de la postura estadounidense, el representante Paul Folmsbee hizo hincapié en el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos y las libertades en Cuba, presentando las sanciones como parte de una estrategia para fomentar las reformas democráticas en Cuba.
Inicialmente, el embargo era contra Cuba, pero ahora se ha ampliado para penalizar a las empresas y bancos extranjeros que operan en Cuba con la introducción de las leyes Torricelli y Helms-Burton en 1992 y 1996, respectivamente. Esto transformó el embargo en un bloqueo más amplio, extendiendo su impacto internacionalmente.
Las sanciones son exhaustivas pero porosas, con numerosas excepciones que permiten un comercio limitado. Según expertos como Richard Feinberg, profesor de economía política internacional en la Universidad de California-San Diego, estas medidas no prohíben a las empresas no estadounidenses comerciar con Cuba, pero las repercusiones del embargo hacen que el comercio y la inversión sean más arriesgados y costosos.
Estas excepciones han fluctuado bajo diferentes administraciones. Los viajes entre Estados Unidos y Cuba siguen siendo legales bajo ciertas condiciones, pero las regulaciones se han vuelto más restrictivas, y la administración Trump eliminó la excepción de «pueblo a pueblo» en 2019.
La política estadounidense hacia Cuba está muy influida por la política interna, en particular por la importancia electoral de Florida, donde reside una gran comunidad de expatriados cubanos. Esto ha obstaculizado a menudo cualquier relajación significativa del embargo.
La opinión pública sobre el embargo fluctúa de año en año, y la gran mayoría está de acuerdo en que el embargo no ha logrado sus objetivos. El panorama político actual en Estados Unidos, especialmente el Senado, dividido a partes iguales, ha influido en la postura de la administración Biden respecto a Cuba, alineándose con figuras como el senador demócrata Bob Menéndez, partidario incondicional del embargo cubano.
El senador Menéndez está ahora acusado de delitos relacionados con la corrupción. Su acusación incluye conspirar para actuar como agente extranjero del gobierno egipcio y aceptar cientos de miles de dólares en sobornos durante muchos años. Menéndez dejó en septiembre de 2023 la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Muchos demócratas se encuentran ahora en un dilema, tras haber defendido a Menéndez durante años. Para el partido demócrata, la acusación de Menéndez podría resultar políticamente costosa, ya que podría influir en la política estadounidense sobre el embargo a Cuba y en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.
