Chile ha pasado página. En lugar de centrarse en la expansión económica a toda costa, el gobierno aboga por un crecimiento económico sostenible. Hoy se tiene en cuenta la protección del medio ambiente y los intereses de los grupos indígenas. El 18 de marzo de 2022 continuarán las negociaciones en Nueva York para un nuevo tratado de protección del alta mar. Chile ha demostrado que el capitalismo y la conservación no se excluyen mutuamente.
Angeladora Novi and Cristiano Bartolini, 9 March 2022
Las comunidades nativas de Chile han luchado por conservar su patrimonio. Los mapuches, la mayor población indígena de Chile, llevan años abogando por la conservación. En su lengua materna, el mapu, significa tierra. En la «cosmovisión» mapuche, su tierra se considera un bien «metafísico» intangible e inmaterial al que tienen un fuerte vínculo. Al diezmar los bosques nativos de Chile, las empresas privadas llevan años vulnerando el territorio mapuche. En un reciente trabajo «Cosmovisión mapuche y derechos territoriales: Un enfoque interdisciplinario para entender el conflicto del Wallmapu, Chile», Ranjeeva Ranjan, Alexis Castillo y Karla Morales han demostrado que la expansión industrial también ha provocado «la fragmentación del hábitat, la pérdida de bosque nativo, la reducción de la biodiversidad [y de] la disponibilidad de agua». Las plantas nativas, esenciales para la medicina tradicional mapuche, están desapareciendo y también la identidad mapuche.
Rico en recursos naturales, Chile tiene una de las mayores reservas de gas natural, petróleo, cobre, carbón, bosques y tierras cultivables del mundo. En el pasado, estas reservas se habían explotado sin tener en cuenta el medio ambiente. Esta sobreexplotación ha sido devastadora para la biodiversidad y ha afectado a la población indígena de Chile. Según el informe 2021 del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, la deforestación, la explotación minera de los fondos marinos, la sobrepesca y el consumo excesivo de los recursos naturales, junto con el cambio climático, han puesto en peligro gran parte de la vida silvestre, las aguas continentales y sus especies. La sobreexplotación también ha puesto en peligro a los animales y plantas marinos, y en los últimos siete años se han perdido más que 30.000 hectáreas de tierras cultivadas, como consecuencia de las malas prácticas agrícolas y la tala de árboles. Se calcula que se talan entre 20 y 25 hectáreas de bosque autóctono al año, con consecuencias medioambientales alarmantes.
En cuanto a la protección del medio ambiente, Chile cuenta con un marco legal que, sin embargo, su gobierno no ha aplicado adecuadamente. De hecho, el desarrollo de Chile siempre ha priorizado el crecimiento económico sobre la protección del medio ambiente. Esto, a su vez, ha aumentado la dependencia de Chile de las empresas e intereses extranjeros. Un ejemplo de ello es la industria de la leña y el carbón vegetal, que es crucial para la economía de Chile. La expansión incontrolada de esta industria en todo el país ha puesto en peligro los bosques nativos, la fauna y la flora, que son cruciales para las culturas aborígenes, como los mapuches.
Las ONG, como la AIFBN (Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo), han aportado las evaluaciones de impacto ambiental que faltan y que confirman la insuficiencia de las políticas medioambientales chilenas. La AIFBN también ha destacado el controvertido Decreto Ley nº 701. Esta Ley, herencia de la época de Pinochet, permite la deforestación de los bosques nativos para las plantaciones de monocultivos, lo que conlleva la reducción de los recursos hídricos y la contaminación del agua. Gran parte del campo chileno se ha convertido en menos de una década en un páramo seco a causa de estas leyes.
Sólo recientemente Chile ha puesto en marcha salvaguardias legales para mitigar las desastrosas consecuencias de la explotación y la codicia de las empresas. El primer ejemplo notable de esta acción es la protección de los bosques submarinos de algas en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, el más grande de su clase en Chile. Está situado en el sur de la Patagonia chilena. Se ha concedido más de un millón de dólares a la comunidad aborigen Kawésqar que reside en el territorio nativo que bordea la región de Magallanes. Esta iniciativa única del gobierno chileno es un reconocimiento a las comunidades nativas y a su lucha contra la pérdida de biodiversidad.
Gracias a sus conocimientos ancestrales, la comunidad indígena kawésqar ha tomado la iniciativa de proteger y fortalecer uno de los mayores y más concentrados bosques de algas del mundo. Los estudios han demostrado que las algas kelp son esenciales no sólo para la supervivencia de la vida bajo el agua, sino también para sostener la vida en la tierra. Los bosques de algas reducen los efectos del cambio climático al absorber y almacenar el CO2. La protección de estos bosques también ayudará a mitigar las consecuencias de la sobrepesca y a reducir las malas prácticas pesqueras.
Con más de 4.000 kilómetros de costa, Chile está desempeñando un papel destacado en la negociación de un nuevo tratado de las Naciones Unidas para proteger la biodiversidad marina en las zonas fuera de la jurisdicción nacional, o zonas BBNJ (alta mar). El 18 de marzo de 2022 continuarán en Nueva York las negociaciones para la Conferencia Intergubernamental sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (resolución 72/249 de la Asamblea General).
En abril de 2021 el expresidente Sebastián Piñera sugirió la creación de un Área Marina Protegida (AMP) en las cordilleras submarinas de Salas y Gómez, en el Pacífico Sur. Chile forma parte de un grupo de 14 países, entre los que se encuentran Australia, Canadá, Ghana, Indonesia, Japón, Kenia, México, Namibia, Noruega, Portugal, Fiyi, Jamaica y Palau, que han acordado gestionar de forma sostenible el 100% de los océanos bajo sus jurisdicciones nacionales. Esto implica no pescar en exceso, no pescar ilegalmente, restablecer las poblaciones de peces agotadas, detener los residuos plásticos y gestionar la escorrentía agrícola.
El impulso de Chile para implementar el Marco Global de Biodiversidad (GBF) post-2020 es otro ejemplo notable de su compromiso para preservar su naturaleza y biodiversidad únicas. La Secretaría de las Naciones Unidas publicó un primer borrador del GBF el 5 de julio de 2021. Se espera que este borrador conduzca a la adopción de un nuevo GBF post-2020 durante la Conferencia de Biodiversidad de la ONU que tendrá lugar en mayo de 2022, en Kunming, China. El FG ha sido bautizado como el «Acuerdo de París para la Naturaleza». Protegerá al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos hasta 2030. Este acuerdo tiene una importancia fundamental para Chile, América Latina y el resto del mundo. Como subrayó Waldemar Coutts, director de Medio Ambiente y Asuntos Marinos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile, la lucha por una conservación sostenible de la naturaleza requiere esfuerzos conjuntos de los Estados y acciones concretas.
Chile ha equilibrado el crecimiento económico con la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural. Mientras que en el pasado ha sido una decisión de uno u otro, los responsables políticos de hoy han dado un giro y están escuchando las voces que abogan por un crecimiento económico sostenible que incorpore la protección del medio ambiente. Chile ha demostrado que el capitalismo y la conservación no son mutuamente excluyentes.
