El mundo suele presentar la guerra en Sudán como un caos que surgió dentro de sus fronteras, pero la evidencia revela una realidad mucho más incómoda. Actores regionales poderosos, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, han contribuido a prolongar el conflicto y, mientras no se aborde esa influencia externa, los discursos sobre la paz seguirán siendo peligrosamente vacíos.
Michael Asiedu
11 Marzo 2026
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Cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán tomaron El Fasher a finales de octubre de 2025, tras más de un año de asedio, el mundo fue testigo del colapso de uno de los últimos bastiones importantes del Gobierno en Darfur. No se trató simplemente de una victoria en el campo de batalla. Fue la destrucción de una ciudad que había dado refugio a cientos de miles de personas desplazadas. Las imágenes de satélite, los relatos de los supervivientes y las investigaciones humanitarias indican matanzas masivas, violencia étnica y el incendio de barrios enteros. La guerra civil de Sudán, que comenzó en abril de 2023, ha desplazado a millones de personas y ha causado la muerte de al menos 150 000 civiles según la mayoría de las estimaciones — aunque algunas proyecciones, que incluyen las muertes por hambruna y enfermedades, alcanzan cifras significativamente más altas — lo que la sitúa entre las peores crisis humanitarias del mundo actualmente.
Es fácil presentar la tragedia de Sudán como un conflicto interno. Muchos la describen como una lucha brutal entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Esa versión solo es parcialmente cierta. La catástrofe de Sudán ha sido prolongada, intensificada y moldeada estratégicamente por un poderoso respaldo regional. Entre esos actores externos, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ocupa un lugar central. No es porque los EAU sea el único actor extranjero. Es porque cada vez hay más documentación vinculando la política emiratí y las redes regionales emiratíes con la capacidad de las RSF de luchar en la guerra, mientras que la respuesta internacional se ha mantenido notablemente cautelosa a la hora de abordar esto. El interés de los EAU en Sudán no es ni accidental ni puramente ideológico. Combina la ambición estratégica — incluyendo los lazos duraderos con el comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, cultivados durante el período de transición de Sudán tras la caída de Omar al-Bashir — con poderosos incentivos económicos centrados en las vastas reservas de oro de Sudán, que han fluido en volúmenes cada vez mayores a través de los mercados emiratíes desde que comenzó la guerra. La política y el lucro son, en este caso, difíciles de separar.
A principios de 2025, Sudán tomó la medida inusual de presentar un caso contra los Emiratos Árabes Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. El Gobierno de Jartum acusó a Abu Dabi de violar la Convención sobre el Genocidio al proporcionar apoyo financiero, logístico y militar a las operaciones de las RSF, en particular a aquellas que afectaban a la población masalit en Darfur Occidental. Sudán argumentó que este apoyo posibilitó asesinatos generalizados de civiles, el desplazamiento de comunidades enteras, la violencia sexual y tácticas deliberadas de inanición. La Corte declinó su jurisdicción en mayo de 2025, lo que supuso un revés legal importante para Sudán.
Cuando los EAU se adhiriró a la Convención sobre el Genocidio, excluyeron la cláusula de resolución de controversias de la CIJ — lo que se conoce como una reserva. Esto significaba que la CIJ no tenía jurisdicción sobre los EAU en virtud de esta Convención y, por lo tanto, no podía ordenar ninguna medida provisional, aunque es vital en un caso de genocidio. La decisión de desestimar el caso por completo fue respaldada por nueve jueces, mientras que siete se mostraron a favor de que se tramitara.
Desde el punto de vista político, la acción siguió siendo significativa. Un Estado africano afectado por conflicto intentó responsabilizar legalmente a una potencia rica e influyente del Golfo por su presunto papel en crímenes de guerra, lo que refleja la gravedad con la que Sudán considera la implicación extranjera en su destrucción.
Esas acusaciones no surgieron de la nada. Se basan en años de investigación. Expertos de las Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y los principales medios de comunicación han documentado vuelos de carga sospechosos, municiones interceptadas, corredores logísticos y canales financieros que vinculan a las RSF con patrocinadores externos. Los informes de seguimiento de la ONU y el periodismo de investigación han descrito rutas de vuelo desde los EAU hasta Chad y han documentado armas encontradas en Darfur que están siendo investigadas por posibles vínculos con los Emiratos. Es fundamental destacar que los grupos de expertos de la ONU también subrayan que, si bien estos hallazgos suscitan serias preocupaciones, las pruebas disponibles actualmente aún no bastan para demostrar de manera concluyente la existencia de una red de transferencia de armas plenamente establecida. Ese matiz es importante, pero también lo es el patrón general sobre el que se preocupa.
El oro es el otro pilar decisivo de esta guerra. Sudán es uno de los mayores productores de oro de África y las RSF llevan mucho tiempo controlando zonas mineras y rutas comerciales clave. Organismos de vigilancia independientes y analistas financieros han documentado un aumento de los flujos de oro procedente de Sudán hacia los EAU desde que comenzó la guerra, además de grandes volúmenes que pasan por estados vecinos antes de volver a entrar en los mercados emiratíes. Este oro se traduce directamente en poder financiero. Proporciona a las RSF divisas fuertes, acceso a redes de aprovisionamiento y la capacidad de pagar a los combatientes, conseguir combustible, adquirir drones y mantener la logística. Estas redes de oro y financiación ayudan a explicar cómo las RSF han podido sostener asedios prolongados y una guerra urbana destructiva a pesar de las sanciones y la condena internacional.
Ante el creciente escrutinio, los EAU ha cambiado su tono público. Altos funcionarios emiratíes reconocen ahora que su política hacia Sudán ha fracasado horriblemente, en particular su alineamiento anterior con el golpe militar de Sudán de 2021 que socavó la transición frágil al gobierno civil del país. Tras la caída de El Fasher y la indignación mundial ante las atrocidades masivas, Abu Dabi ha intentado distanciarse de las RSF. Destaca los vuelos humanitarios y el compromiso diplomático, e insiste en que no suministra armas. Sin embargo, esta negación contrasta con las conclusiones de la ONU, las investigaciones independientes y las evaluaciones de los servicios de inteligencia occidentales, que señalan repetidamente la facilitación externa preocupante de la capacidad bélica de las RSF.
Ahí radica la principal contradicción moral y política. Los gobiernos occidentales no han ignorado a Sudán. Los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países han sancionado a los comandantes de las RSF y a las redes empresariales vinculadas a ellas. Algunas empresas vinculadas a los EAU también se han enfrentado a medidas específicas. Sin embargo, el estado acusado de facilitar sistemáticamente la situación recibe un trato radicalmente diferente. Sigue siendo un socio valioso en los mercados energéticos, las finanzas globales, la seguridad del Mar Rojo y la diplomacia regional en general. Sudán se convierte así en una catástrofe humanitaria que suscita una retórica emotiva, mientras que su patrocinador externo más poderoso evita las consecuencias políticas directas.
Nada de esto absuelve de responsabilidad a las élites sudanesas. Las Fuerzas Armadas sudanesas también están acusadas de abusos graves y los civiles también han sufrido a sus manos. Tampoco es los EAU la única potencia regional cuyas acciones han marcado el rumbo de la guerra. Pero la transparencia es importante. Si la resistencia de las RSF ha dependido de financiación externa, logística externa y protección política externa, entonces una diplomacia seria no puede centrarse únicamente en los generales de Jartum. También debe enfrentarse a los gobiernos cuyas decisiones los han fortalecido.
Una respuesta internacional creíble requiere tres compromisos claros. El primero es considerar la economía del oro de conflicto de Sudán como una amenaza a la seguridad, en lugar de un asunto comercial simple. Las refinerías, los comerciantes y los organismos reguladores deben estar sujetos a una supervisión más estricta y a sanciones verdaderas por manejar oro vinculado a conflictos. El segundo es hacer cumplir los embargos de armas como obligaciones verdaderas. Las rutas de transporte y las cadenas logísticas identificadas deben dar lugar a medidas de interceptación y rendición de cuentas, en lugar de meras declaraciones de preocupación redactadas con cautela. Los intermediarios que ocultan la implicación del Estado también deben afrontar consecuencias. El tercero es un principio de honestidad política. Las alianzas estratégicas no deben funcionar como escudos contra la responsabilidad. Los Estados poderosos no deberían poder facilitar la guerra a través de intermediarios mientras permanezcan intocables por ser económicamente útiles o estratégicamente importantes.
El trauma de Sudán es el resultado de las decisiones tomadas por hombres en Jartum y Darfur y de las decisiones tomadas en las capitales del Golfo y la política occidental. Calificar esto simplemente como un conflicto sudanés es una ficción conveniente. Se trata también de un fracaso regional e internacional. Puede que la Corte Internacional de Justicia se haya negado a conocer el caso de Sudán, pero las cuestiones planteadas por ese intento no desaparecerán. Hasta que el mundo esté dispuesto a enfrentarse no solo a los hombres que aprietan el gatillo, sino también a quienes les ayudan a adquirir los medios para hacerlo, la paz en Sudán seguirá siendo una aspiración en vez de una realidad.
