Los activos digitales están a las puertas del siguiente capítulo decisivo en su desarrollo. Tras años de incertidumbre regulatoria, la Digital Asset Market CLARITY Act podría establecer por primera vez un marco regulatorio claro y coherente para los activos digitales. La CLARITY Act aborda cuestiones clave relacionadas con la estructura del mercado, desde la distinción regulatoria entre materias primas digitales (digital commodities) y valores (securities) hasta requisitos vinculantes para la prevención del abuso de mercado. De este modo, la ley podría aportar un impulso importante a la participación de inversores institucionales y favorecer la integración sostenible de los criptoactivos en el sistema financiero existente.
Günther Kornfellner
26 de febrero 2026
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La Digital Asset Market CLARITY Act de Estados Unidos reorganizará la supervisión regulatoria de los activos basados en tecnología blockchain. Al igual que muchas tecnologías disruptivas, las aplicaciones de blockchain atrajeron inicialmente la atención de entusiastas de la tecnología y pioneros del sector. Sin embargo, esta aceptación limitada no es suficiente para lograr una penetración sostenible en el mercado. Es fundamental cerrar la brecha entre los primeros adoptantes y el mercado de masas y dar el siguiente paso en la curva de adopción tecnológica. Como muestran diversos análisis empíricos sobre la tokenización de productos financieros, la claridad regulatoria es uno de los factores clave para el desarrollo sostenible de los activos digitales.
Con la aprobación de la Ley Genius en julio de 2025, centrada en las stablecoins, los reguladores estadounidenses han logrado avances importantes en materia regulatoria. Sin embargo, este paso no es suficiente para el desarrollo ulterior del mercado de activos digitales, ya que el alcance de la ley se limita principalmente a las stablecoins vinculadas a un valor de referencia estable como el dólar estadounidense y que sirven principalmente como medios de pago digitales, mientras que cuestiones clave relacionadas con la estructura global del mercado siguen sin abordarse.
Este vacío regulatorio pretende cerrarse con la aprobación de la Digital Asset Market CLARITY Act. No obstante, su aprobación se ha retrasado. Las dos reuniones celebradas en la Casa Blanca a principios de febrero tenían como objetivo desbloquear la situación. Según diversas informaciones, en ninguna de ellas se alcanzó un compromiso, ya que representantes del sector bancario presentaron en la reunión del 10 de febrero un documento en el que indicaban que siguen defendiendo la prohibición del pago de intereses sobre las stablecoins y que otros tipos de compensación solo deberían permitirse en circunstancias muy limitadas.
A pesar de ello, asesores en la Casa Blanca y en el Congreso se mantienen optimistas respecto a las perspectivas de la CLARITY Act, y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune (R–Dakota del Sur), habría prometido reservar tiempo para un debate completo en el Senado sobre el proyecto de ley en primavera, siempre que este sea aprobado previamente en comisión.
El proyecto de ley pretende crear un marco regulatorio que resulta especialmente importante para los proveedores tradicionales de servicios financieros. Este marco les permitirá no solo acercarse al mercado de las criptomonedas de forma prudente mediante proyectos piloto, sino también integrar plenamente los criptoactivos en sus modelos de negocio.
El objetivo de la Digital Asset Market CLARITY Act es establecer una distinción regulatoria clara entre las denominadas digital commodities (materias primas digitales), que en el futuro estarán bajo la supervisión de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), y los digital asset securities (valores digitales), que se clasifican como valores y, por tanto, quedan dentro del ámbito de competencia de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Un criterio clave para determinar la jurisdicción regulatoria es la denomina evaluación de madurez, un procedimiento formal de certificación administrado por la SEC que complementa la Prueba de Howey existente. La Prueba de Howey se utiliza tradicionalmente para clasificar un activo como valor y está históricamente adaptado a productos financieros tradicionales.
En cambio, la prueba de madurez prevista en la CLARITY Act adopta un enfoque basado en el grado de descentralización, que tiene en cuenta las características tecnológicas de los sistemas basados en blockchain. Un activo digital se clasifica como materia prima digital y queda sujeto a la supervisión de la CFTC si la blockchain subyacente se considera “madura”.
Una blockchain se considera madura cuando presenta un alto grado de descentralización y ninguna parte individual ni grupo claramente identificable ejerce un control dominante sobre la red. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fue reorganizada tras el nombramiento de Michael Selig, quien asumió el cargo el 22 de diciembre de 2025 y es considerado favorable al sector cripto
Si un activo digital aún no se considera maduro, puede clasificarse como valor digital sujeto a la supervisión de la Securities and Exchange Commission (SEC). Desde que Paul Atkins asumió el cargo el 21 de abril de 2025, la SEC ha sido percibida como considerablemente más abierta hacia la industria cripto, especialmente en comparación con su predecesor Gary Gensler, ampliamente criticado por su política regulatoria confrontativa, ya que se centró principalmente en interponer demandas contra empresas de criptomonedas para aplicar las leyes de valores existentes a los activos digitales, en lugar de desarrollar nuevas normas regulatorias claras.
Este enfoque vincularía por primera vez la clasificación regulatoria de los activos digitales a criterios comprensibles y objetivos, como el grado de descentralización y la estructura de gobernanza de una red, en lugar de basarse en la forma en que se emiten los valores. Al mismo tiempo, la CLARITY Act establece un mecanismo claro de interacción entre las dos principales autoridades supervisoras: la SEC se encargaría de clasificar formalmente el grado de madurez, mientras que la CFTC asumiría la supervisión continua del mercado de los activos digitales, siempre que estos se clasifiquen como materias primas digitales.
La Digital Asset Market CLARITY Act establecería, por primera vez, un marco regulatorio vinculante orientado explícitamente a la protección de los participantes del mercado y, en particular, de los consumidores. Una de sus disposiciones clave es la separación obligatoria entre los fondos de los clientes y los fondos propios de las plataformas de criptomonedas. Este requisito pretende evitar conflictos de interés y reducir significativamente el riesgo de insolvencia para los clientes. La relevancia de esta medida quedó especialmente patente tras el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX, durante el cual los fondos de los clientes no fueron segregados adecuadamente, fueron apropiados indebidamente y utilizados para financiar las propias actividades de la plataforma.
Además, la CLARITY Act prevé una prohibición amplia de diversas prácticas de manipulación de mercado, entre ellas la inflación artificial de los volúmenes de negociación (“wash trading”), la introducción de órdenes engañosas (“spoofing”), el aprovechamiento de las órdenes de los clientes para realizar operaciones propias (“front running”), la difusión deliberada de información falsa para inflar artificialmente el precio de un activo y venderlo posteriormente con beneficio (“pump and dump”), así como el uso de información privilegiada (insider trading). En conjunto, el proyecto de ley aborda debilidades estructurales clave del mercado cripto que han contribuido de forma significativa a aumentar la volatilidad del mercado y a la pérdida de confianza de los inversores.
Las deficiencias estructurales del mercado cripto que ya habían sido identificadas previamente se hicieron especialmente visibles en octubre de 2025 durante uno de los mayores episodios de liquidaciones en su historia hasta la fecha. En un plazo de 24 horas, posiciones apalancadas por valor de más de 19.000 millones de dólares fueron liquidadas de forma forzosa, lo que provocó una caída de la capitalización total del mercado cripto de aproximadamente 400.000 a 500.000 millones de dólares. Este episodio estuvo acompañado de importantes distorsiones en los precios. El precio de Bitcoin cayó más de un 14 %, Ethereum registró una bajada de alrededor del 12 %, mientras que numerosas altcoins sufrieron pérdidas de entre el 40 % y el 70 %. La magnitud de estos movimientos pone de relieve la todavía insuficiente madurez estructural de este mercado relativamente joven, especialmente en lo que respecta a la combinación de alto apalancamiento, falta de transparencia y ausencia de salvaguardias regulatorias.
La votación final sobre la Digital Asset Market CLARITY Act en el Senado de Estados Unidos aún está pendiente. En comparación con el Reglamento europeo de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que ya ha entrado en vigor y establece un conjunto uniforme y completo de normas para los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los expertos consideran que la CLARITY Act es más flexible y orientada a la innovación. Los analistas del mercado creen que, si se aprueba, la ley podría actuar como un catalizador importante para el desarrollo futuro del mercado cripto. Entre otros, el gestor de criptoactivos Bitwise sostiene que la claridad regulatoria que aportaría la ley probablemente tendría un impacto positivo en la participación institucional en el mercado, la liquidez y la asignación de capital a largo plazo.
