Investigaciones recientes han revelado que una importante empresa mediática alemana, Axel Springer, en colaboración con Yad2, una plataforma inmobiliaria israelí, ha obtenido beneficios de la venta de viviendas en territorios palestinos ocupados. Las acciones legales presentadas por palestinos y organizaciones de derechos humanos han sido hasta ahora desestimadas por la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones de Alemania (BAFA). Mientras Axel Springer se prepara para separarse de Yad2, surge la pregunta de si la empresa logrará evitar que se le exijan responsabilidades por sus acciones.
David Deegan
8 de julio de 2025
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Axel Springer SE es una de las principales empresas mediáticas de Europa. Fundada en Alemania en 1946 y con sede en Berlín, la compañía publica periódicos como BILD y Die Welt, y gestiona una serie de plataformas digitales que abarcan desde el periodismo hasta los anuncios clasificados. En 2014, Axel Springer, a través de su filial Coral Tell Ltd, entró en el sector israelí de anuncios clasificados mediante la adquisición de Yad2.
Yad2, que en hebreo significa “segunda mano”, es la principal plataforma de Israel para anuncios de propiedades inmobiliarias, vehículos y artículos de segunda mano. El portal económico israelí Calcalist informó a principios de 2025 de que Yad2 había duplicado su valor desde la adquisición por parte de Axel Springer y que actualmente está valorada en aproximadamente 420 millones de dólares.
En los últimos años, diversos medios de comunicación y organizaciones como el Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) han revelado que Yad2 alberga miles de anuncios de viviendas en asentamientos israelíes situados en la Cisjordania ocupada, un territorio reconocido internacionalmente como palestino, incluidos terrenos privados palestinos confiscados por el ejército israelí. El BHRRC es una organización no gubernamental dedicada a promover la responsabilidad corporativa y la transparencia, señalando los impactos sociales y ambientales de las empresas en todo el mundo. En febrero de 2024, el medio de investigación The Intercept catalogó más de 1.000 anuncios pagados en Yad2 de propiedades situadas en estos asentamientos, lo que significa que estas publicaciones constituían una fuente directa de ingresos tanto para Yad2 como para su empresa matriz alemana, Axel Springer, una práctica que muchos consideran contraria al derecho internacional.
Según The Intercept, algunos de los anuncios corresponden a viviendas situadas en los llamados outposts o puestos avanzados, asentamientos considerados ilegales incluso bajo la legislación israelí. Otros anuncios se refieren a viviendas construidas en terrenos privados palestinos confiscados por el ejército israelí con fines de seguridad, pero que actualmente están habitados por colonos judíos. En la práctica, los palestinos no pueden comprar ni alquilar viviendas en estos asentamientos exclusivos para judíos.
Tras estas revelaciones, en noviembre de 2024, un grupo de propietarios palestinos afectados y varias comunidades, representados por el Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center, presentaron una denuncia formal en virtud de la Ley alemana de Diligencia Debida Corporativa. La acción legal, apoyada por Law for Palestine, el European Legal Support Center y el Palestine Institute for Public Diplomacy, sostiene que Axel Springer facilitó violaciones de los derechos humanos y de propiedad al publicar anuncios de viviendas en terrenos confiscados ilegalmente a palestinos. Los demandantes argumentan que Axel Springer, como propietaria final de Yad2 (a través de Coral Tell Ltd), está obligada a ejercer la debida diligencia conforme a la legislación alemana en todas sus filiales, incluidas las que operan en el extranjero.
A principios de 2025, la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones de Alemania (BAFA) rechazó la denuncia presentada bajo la ley de diligencia debida. BAFA alegó limitaciones jurisdiccionales, afirmando que las operaciones de Yad2 se desarrollan bajo jurisdicción israelí y, por tanto, quedan fuera del ámbito de aplicación de la regulación alemana.
Poco después, el BHRRC informó sobre una entrevista entre Anadolu Ajansı, una agencia de noticias turca, y el abogado de los demandantes, Robert Grabosch. Grabosch calificó la decisión de BAFA como una “hipocresía flagrante”, señalando que esta negativa establece un precedente preocupante: las empresas alemanas podrían eludir su responsabilidad por abusos de derechos humanos en el extranjero simplemente mediante la propiedad de filiales fuera de Alemania. En el mismo informe, el BHRRC recordó que, a nivel internacional, la venta de viviendas en asentamientos ilegales se considera una violación de la Cuarta Convención de Ginebra (artículo 49) y citó una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 2024, que reafirmó que estos asentamientos son ilegales e instó a los Estados terceros a cesar cualquier apoyo económico que contribuya a su existencia.
Un portavoz de Axel Springer afirmó que todos los anuncios publicados en Yad2 cumplen con la legislación israelí. También destacó el código interno de conducta de la empresa, que prohíbe la discriminación, y sostuvo que la responsabilidad final en relación con la legalidad de los asentamientos corresponde al marco jurídico israelí y a las autoridades municipales competentes. El BHRRC informó asimismo de que Axel Springer no respondió a preguntas sobre la existencia de anuncios pagados y no pagados de viviendas en asentamientos en la plataforma Yad2.
A la complejidad de esta situación se suma otro proceso paralelo aún incierto. En febrero de 2025, Calcalist informó de que Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), la empresa estadounidense de capital privado, junto con otros inversores internacionales, estaba manteniendo conversaciones preliminares para adquirir Yad2. Aunque el director ejecutivo de Yad2 afirmó que no se había iniciado ningún proceso formal de venta, los críticos advierten que, si Yad2 pasara a manos de empresas ajenas a Axel Springer, la compañía alemana podría evitar futuras responsabilidades legales. Una vez vendida la plataforma, Axel Springer podría argumentar que ya no tiene responsabilidad sobre las políticas o los anuncios de Yad2.
Si Axel Springer mantiene la propiedad de Yad2, futuras investigaciones que revelen más anuncios ilegales podrían dar lugar a nuevas consecuencias legales o reputacionales. Sin embargo, si la plataforma es vendida, Axel Springer podría sostener que ya no controla ni obtiene beneficios de ella, lo que pondría fin a su responsabilidad jurídica según las normas alemanas e internacionales.
Esta controversia se inscribe en un debate más amplio sobre la responsabilidad corporativa en zonas de conflicto. La Ley alemana de Diligencia Debida Corporativa (en vigor desde enero de 2023) es una de las normativas más estrictas de Europa para obligar a las empresas a respetar los estándares internacionales de derechos humanos. La decisión de BAFA de rechazar la denuncia contra Axel Springer ha sido interpretada por los críticos como un retroceso que debilita la eficacia de la ley.
Mientras tanto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados advirtió en marzo de 2025 que la continua expansión de los asentamientos y el despojo de tierras a los palestinos no solo constituyen una violación del derecho internacional, sino también una “tragedia anunciada” y una mancha duradera en la conciencia de la comunidad internacional. Estas advertencias refuerzan los llamamientos a que Estados y empresas ejerzan una mayor diligencia y responsabilidad cuando operan en mercados vinculados a violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Alemania ha demostrado en el pasado su disposición a aplicar principios jurídicos extraterritoriales. El 3 de junio de 2025, un tribunal alemán condenó a cadena perpetua a un combatiente sirio pro-Assad por crímenes de guerra cometidos en Siria, invocando el principio de jurisdicción universal. Este principio jurídico permite que los tribunales nacionales procesen crímenes internacionales graves, independientemente del lugar donde se hayan cometido o de la nacionalidad de los autores o de las víctimas. Los fiscales alemanes han recurrido a esta doctrina para iniciar procesos contra varios sospechosos acusados de atrocidades durante la guerra civil siria. Si estos principios se aplican para exigir responsabilidad individual por crímenes de guerra, resulta difícil justificar que la conducta empresarial que contribuya a abusos de derechos humanos en el extranjero quede fuera de un escrutinio similar.
El derecho internacional, incluidas la Convención de Ginebra y diversas resoluciones de la ONU, condena las actividades de asentamiento, pero su aplicación sigue siendo irregular, y el papel de las corporaciones transnacionales en estas actividades continúa evolucionando. La propiedad de Yad2 por parte de Axel Springer sitúa a la empresa en el centro de un complejo conflicto entre la búsqueda de beneficios y la responsabilidad ética. Los tribunales alemanes ya han demostrado en el pasado su disposición a aplicar el principio de jurisdicción universal para exigir responsabilidades por determinadas acciones. La forma en que las autoridades alemanas o internacionales decidan actuar en los próximos meses podría determinar el futuro de la diligencia debida corporativa como instrumento para responsabilizar a las empresas globales por sus operaciones en el extranjero.
