La violación y tortura de un detenido palestino en el centro de detención de Sde Teiman el 5 de julio de 2024, a manos de un grupo de reservistas israelíes, salió a la luz gracias a dos personas: un fiscal israelí de alto rango de las Fuerzas de Defensa de Israel y un periodista israelí. El fiscal que filtró el vídeo de la atrocidad ha sido acusado de un delito grave y está a la espera de juicio en prisión. El periodista que publicó el vídeo filtrado vive temiendo por su vida y está siendo tildado de criminal. En una profunda perversión de la justicia, el poder judicial y el gobierno de Israel se han embarcado en una caza de brujas contra estos dos denunciantes, mientras ignoran el enjuiciamiento de los cinco responsables de la violación del detenido palestino.

En 2021, la Yifat Tomer-Yerushalmi, entonces Fiscal General Militar, fue colmada de elogios como la próxima máxima responsable jurídica de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Se convirtió en la segunda mujer en alcanzar el rango de general de división en la historia de las FDI. En aquel momento, el entonces ministro de Defensa, Benny Gantz, la aclamó como una “pionera”.

Qué rápido cambian los tiempos. El 2 de noviembre de 2025, el primer ministro Benjamin Netanyahu responsabilizó a Tomer-Yerushalmi de “quizá el ataque de relaciones públicas más grave que ha sufrido el Estado de Israel desde su fundación”, y afirmó además que el incidente ocurrido en el centro de detención de Sde Teiman, en el Néguev, “causó un daño inmenso a la imagen del Estado de Israel y de la FDI”. El jefe del Ejecutivo llegó incluso a acusar a la máxima responsable jurídica militar de “traición” y de participar en una supuesta “calumnia sangrienta” contra los cinco presuntos violadores.

Seamos claros. Según Benjamin Netanyahu, el mayor desastre de relaciones públicas de la historia de Israel no fue la presunta violación en grupo y la tortura extrema de un detenido palestino a manos de un grupo de soldados de la FDI en el centro de detención de Sde Teiman, sino el hecho de que la verdad saliera a la luz gracias a una fiscal extremadamente valiente: Yifat Tomer-Yerushalmi.

Fuentes políticas señalan que Benjamin Netanyahu, su gobierno de derecha y sus partidarios están instrumentalizando esta caza de brujas contra Tomer-Yerushalmi para reavivar su “lucha” por reformar el sistema judicial israelí y limitar el poder de lo que consideran el Estado profundo de Israel. Ori Goldberg, analista político, declaró a Al Jazeera: “La violación no importa; lo que importa es la mujer que filtró el vídeo y lo que quieren llamar el Estado profundo.” Goldberg añadió que, “para Netanyahu y otros, esto es la prueba de que el Estado profundo ha crecido más allá de todo control”. El objetivo es reactivar la altamente controvertida reforma judicial o lo que sus críticos califican de “golpe judicial”, reforzar el poder del Ejecutivo y eliminar cualquier forma de supervisión civil sobre el gobierno. Esta reforma serviría además para proteger a Netanyahu de futuras acusaciones. Su juicio por corrupción ha quedado en suspenso desde el inicio de su guerra contra Gaza.

Junto a Yifat Tomer-Yerushalmi, el periodista Guy Peleg, que publicó el vídeo filtrado, también merece elogios. Sin embargo, el gobierno israelí de derechas lo ha tachado de criminal por haber difundido la prueba que demostró que la investigación sobre los abusos cometidos por soldados de la FDI contra un detenido palestino era real. Un artículo de opinión publicado el 5 de noviembre de 2025 por Rogel Alpher en Haaretz dio plenamente en el clavo: “En una democracia, eso sería periodismo. En el Israel actual, se trata como un delito”. 

El ministro de Patrimonio de extrema derecha Amichay Eliyahu, el mismo que tras el 7 de octubre llegó a pedir el lanzamiento de una bomba atómica sobre Gaza, reclama ahora que Guy Peleg sea encarcelado. Eliyahu también irrumpió en una base militar en julio de 2024 para protestar contra las investigaciones abiertas contra los reservistas de la FDI.

Peleg vive ahora bajo protección policial permanente, las 24 horas del día, debido a las amenazas contra su vida.

Pero en el Israel actual no solo la verdad está bajo ataque, sino también la libertad de prensa. El gobierno de derechas de Benjamin Netanyahu tilda a los medios de comunicación independientes de Israel de colaboradores de Hamás, haciéndolos así corresponsables de la masacre del 7 de octubre.

Tomer-Yerushalmi es tratada ahora como una delincuente y se enfrenta a cargos por fraude y abuso de confianza, abuso de poder, obstrucción de la justicia y revelación de información oficial por parte de una funcionaria pública. Ha admitido haber filtrado el vídeo y anunció su dimisión el viernes 31 de octubre de 2025. Fue detenida el 2 de noviembre de 2025.

La FDI ha anunciado que la policía israelí abrió una investigación penal tanto por la filtración del vídeo de los abusos cometidos contra un detenido gazatí en el centro de detención de Sde Teiman en 2024 como por “la implicación de funcionarios de la Oficina del Fiscal General Militar” en el encubrimiento de dicha filtración.

El vídeo fue difundido por primera vez por el periodista Guy Peleg en agosto de 2024 en Channel 12 News. Los reservistas fueron acusados inicialmente en febrero de 2025 por abuso agravado y por causar lesiones graves al detenido. En un intento de proteger la identidad de los presuntos violadores, el tribunal dictó una orden de confidencialidad sobre los nombres de los acusados. De forma irónica, los autores no se encuentran en prisión preventiva, a diferencia de Tomer-Yerushalmi, que espera juicio entre rejas.

Resulta triste e irónico que, en el Israel de Benjamin Netanyahu, la atención se centre en quién filtró la información y no en el crimen original ni en los presuntos responsables.

La tortura y los abusos de Israel contra detenidos palestinos no son ningún secreto y llevan años siendo objeto de noticias. Desde la guerra de Israel contra Gaza, los malos tratos a detenidos se han intensificado, con algunos políticos israelíes llegando incluso a defender estas prácticas. Según Naciones Unidas, al menos 75 detenidos palestinos han muerto en cárceles israelíes desde el 7 de octubre de 2023. No todos los cuerpos de estas personas han sido devueltos a sus familias.

Los palestinos que murieron bajo custodia israelí y cuyos cuerpos sí fueron restituidos presentan signos de tortura. Muchos muestran marcas visibles en el cuerpo o fueron devueltos aún con vendas en los ojos y esposas. Algunos cadáveres incluso presentan amputaciones de extremidades o la ausencia de dientes. Otros muestran graves quemaduras, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La violación en grupo del detenido palestino en el centro de detención de Sde Teiman el 5 de julio de 2024 tuvo lugar mientras la víctima se encontraba “con los ojos vendados y esposado de manos y tobillos”. Las imágenes de las cámaras de vigilancia indicaron que los soldados cometieron actos ilícitos. Aunque los actos en sí no quedaron registrados por las cámaras, ya que los soldados ocultaron sus atrocidades levantando escudos, la imputación contra los reservistas de la FDI señala que fueron acusados por “actuar contra el detenido con violencia extrema, incluyendo la perforación de las nalgas del detenido con un objeto punzante, que penetró cerca del recto”, y añade que “los actos de violencia causaron lesiones físicas graves al detenido, entre ellas costillas fracturadas, un pulmón perforado y un desgarro rectal interno”.

“Durante 15 minutos, los acusados golpearon al detenido con patadas, lo pisotearon, se subieron sobre su cuerpo, lo golpearon y lo empujaron por todo el cuerpo, también con porras, arrastraron su cuerpo por el suelo y utilizaron una pistola táser contra él, incluso en la cabeza”, señala la imputación del caso.

La víctima palestina necesitó una intervención quirúrgica de urgencia tras los hechos y recientemente ha sido devuelta a Gaza. Es poco probable que llegue a tener la oportunidad de testificar en el proceso contra los cinco agresores, cuyos cargos han sido ahora “rebajados” a los de “abuso grave” contra el detenido.

El calvario de este detenido palestino no fue un caso aislado. Un informe de Naciones Unidas publicado en octubre de 2024 señaló que “los detenidos afirmaron haber sido recluidos en instalaciones similares a jaulas, desnudados durante períodos prolongados y obligados a llevar únicamente pañales. Sus testimonios describen largos períodos con los ojos vendados, privación de alimentos, sueño y agua, así como la aplicación de descargas eléctricas y quemaduras con cigarrillos”.

Estos graves abusos de derechos humanos no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia. Proteger a los autores y perseguir penalmente a quienes filtraron el vídeo constituye una perversión absoluta de la justicia. Mientras la sociedad israelí se ve envuelta en una guerra de palabras, en los tribunales y en la opinión pública, contra Yifat Tomer-Yerushalmi, su sistema judicial ha olvidado el crimen real: una violación captada por cámaras de seguridad. En los medios israelíes, la palabra violación no aparece en ninguna parte. Sin libertad de prensa no hay verdad. Sin verdad no hay justicia. Israel ha vuelto a intentar “matar al mensajero”.

Imagen: Fiscal General Militar. Yifat Yerushalmi Tomer © Unidad del Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel / CC BY-SA 3.0 y Guy Peleg, periodista israelí © (Ofer Hajayov) / CC BY-SA 4.0
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